RECURSOS PARA INVESTIGAR
Por Antonio Cubillos
Analista Criminalístico
Puedo manifestar que sin asombro he tomado conocimiento que la diligencia judicial practicada por los Fiscales Vinko Fodich y Pablo Norambuena en la que incautaron 3 computadores, 52 cintas magnéticas y el servidor de la Presidencia de la República, el Ministerio Público no tenga los recursos para pagar los $10 millones que cobra el DICTUC (Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica), para periciar dichos equipos.
Es lamentable que los organismos llamados a efectuarlas, como son los Laboratorios de ambas policías, no tengan la factibilidad técnica, existiendo el personal idóneo. La triste realidad es que no poseen el equipamiento para efectuarlo, si lo tuvieran, el Ministerio Público no estaría con problemas para efectuar su investigación y, los más grave aún, que no disponga recursos extraordinarios para cancelar $10 millones.
Esta es una de las debilidades de las políticas antidelincuenciales del Gobierno, no proveer de recursos y tecnologías en estas áreas. Las investigaciones no se ventilan solo en tribunales; una investigación involucra gastos en combustible, vehículos, equipos, horas hombres. Se ha tratado de estimar el costo de una investigación, pero son tan disímiles unas a otras, investigar un tráfico de drogas por ejemplo o terrorismo, se pueden prolongar meses, tiene un costo muy diferente con el simple robo. Las policías se encuentran equipadas para enfrentar los delitos comunes, pero cuando deben investigar aquellos que requieren el uso de tecnología, queda al descubierto las deficiencias de nuestras instituciones.
No es el primer caso que tiene este tipo de problemas, en la investigación MOP-GATE, año 2004, la Ministra Gloria Chevesich, tuvo que enviar también al DICTUC, cintas con los correos electrónicos; han transcurrido 4 años y todavía las policías no tienen el equipamiento para hacerlo. Lo triste es cuando se tiene que recurrir a entidades extranjeras para que efectúen pericias, como en el caso GMA-Recoleta, en que se enviaron documentos al F.B.I.
Me cabe la duda entonces, si existe la real voluntad política para que los Fiscales y Policías de nuestro país dispongan de modernos Laboratorios Criminalísticos, que puedan satisfacer los requerimientos en una investigación.
Las Instituciones policiales son las que presentan anualmente en su presupuesto anual, sueldos, gastos e inversión sin embargo no siempre son aprobados en su totalidad. El Ministerio de Hacienda generalmente ajusta los presupuestos, recorta, es su función controladora, produciéndose este tipo de incómodas situaciones.
No se puede reaccionar ante el delito, pues tratar de explicarlo criminológicamente y elaborar detalladas estadísticas no solucionan la criminalidad. No disponer de recursos económicos, tecnológicos y humanos necesarios para prevenir los delitos es grave, no solo para los hechos delictivos comunes, sino aquellos de mayor envergadura, organizaciones criminales internacionales, terrorismo etc.
¡Cuanto lamenta Estados Unidos de Norteamérica!, el haber descuidado su seguridad interna que derivó en que terroristas atacaran las torres gemelas en Nueva York.
Como país, ¿estamos preparados para un acto de terrorismo de esa envergadura?
Nos enorgullecemos internacionalmente que nuestra economía es estable, que la caída de la bolsa mundial hasta el momento no ha tendido gran impacto en nuestra economía, sin embargo las instituciones del Estado no disponen del equipamiento para investigar tres computadores, un servidor y 52 cintas magnetofónicas.
El Fiscal Nacional ha manifestado públicamente que los recursos los va a conseguir donde sea posible. No me cabe duda el apoyo que brinda a sus Fiscales y su investigación, pero no podrán efectuar una investigación acabada si no cuentan con los medios necesarios. En este caso deberán solicitar los recursos al Gobierno, quienes son materia de la investigación, situación contradictoria y muy complicada para los Fiscales.
Espero desde esta tribuna, que los recursos sean asignados, por el bien y transparencia de la justicia y que se estructure un mecanismo que permita al Ministerio Publico y las Policías, disponer de recursos extraordinarios para investigaciones complejas y que no tengan que pasar por una decisión política del gobierno de turno.
Antonio Cubillos Rivera
Analista Criminalístico
“Confía Consultores”
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1 comentarios:
El descuido en la asignación de recursos necesarios para la investigación de delitos, así como la falta de implementación de nuevas tecnologías para el trabajo que realiza el Ministerio Público, en conjunto con las Policías; lejos de representar una mala voluntad del gobierno de turno, aparece como una clara decisión de política criminal del Estado.
A decir verdad, temas como la prevención de delitos y la resocialización de las personas que los cometen, resultan inverosímiles para el tratamiento que se ha hecho históricamente del fenómeno, a sólo un par de años de abandonar un sistema inquisitivo de persecución penal.
El carácter meramente probatorio de la investigación de delitos –a posteriori-, revela la decisión de no hacerse cargo de la disminución de éstos, de “utilizar” las pericias para acreditar en un proceso la responsabilidad que le cabe a un sujeto por un hecho, pero sobretodo, que el espectro de delitos que se busca penalizar efectivamente son los delitos comunes. Para conseguir este objetivo, difícilmente existirá un incentivo a invertir como sociedad en tecnologías y recursos para un tratamiento en serio del fenómeno del delito. Menos aún cuando esa inversión ayude a establecer responsabilidades del mismo gobierno, o delincuentes de guante blanco. Por eso no resulta extraña esta ausencia, y que profesionales que sienten las consecuencias del problema directamente, hagan el llamado a la autoridad para solucionarlo.
Como en Chile no existe una política criminal preventiva, como no existe una práctica resocializadora, ni se espera que en el corto plazo la situación cambie, parece ser que la alternativa para paliar esta desilusión será el fomentar la discusión sobre una educación de calidad para todos, que la brecha socioeconómica disminuya, que no existan privilegios de chilenos sobre chilenos, que abramos oportunidades y cerremos discriminaciones, para que el tráfico de drogas y agresiones a la propiedad no se conviertan en solución para parar la olla. Parece ser más sensato,-aunque más difícil- que tocar la puerta de una autoridad que no quiere, ni puede querer, financiar el desarrollo de estas investigaciones
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